Presentan proyecto para expedir Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales

14 julio, 2026

La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático presentó el proyecto de dictamen para expedir la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

El objetivo es “reconocer a los animales como seres sintientes susceptibles de apropiación, sujetos de protección y uso por parte del ser humano, así como promover el trato adecuado y la conservación de éstos”.

Busca desarrollar instrumentos coordinados de política pública en materia de protección y bienestar de los animales, así como prevenir que sobre ellos se efectúen actos de maltrato, crueldad, sufrimiento, zoofilia y alteración de sus características físicas con fines estéticos.

El proyecto tiene entre sus bases fomentar la participación de los sectores público, social y privado en la promoción de una cultura de respeto a los animales.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Maki Esther Ortiz Domínguez, explicó que la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales se organiza en seis títulos y 111 artículos, y reconoce jurídicamente a los animales como seres sintientes, capaces de experimentar dolor, miedo, estrés, placer y bienestar.

“Este reconocimiento no es únicamente declarativo, se convierte en el fundamento de las obligaciones, prohibiciones, políticas públicas y sanciones previstas”, además de que distribuye con claridad las competencias en esta materia entre la Federación, las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

De acuerdo con el proyecto, la Federación, continuó la senadora, deberá conducir la política nacional, emitir normas oficiales mexicanas, promover capacitación y armonizar las legislaciones, supervisar establecimientos, operar registros y fortalecer las instancias de protección.

Agregó que se plantea que los municipios tengan responsabilidades directas en materia de denuncias, rescate, albergues, vacunación, esterilización, adopción, inspección y atención de animales abandonados, y se prevé la creación de consejos estatales de bienestar animal como espacios de coordinación institucional y participación ciudadana.

Ortiz Domínguez subrayó que el proyecto de dictamen establece obligaciones concretas para las personas propietarias o poseedoras de animales, como proporcionar alimentación y agua suficientes, contar con espacios adecuados, limpios y seguros, procurar atención veterinaria, permitir expresión de los comportamientos propios de cada especie, evitar el abandono y protegerlos frente a condiciones climáticas extremas, accidentes y riesgos.

Sugiere prohibir los actos de maltrato y crueldad, el abandono, peleas, mutilaciones injustificadas, la zoofilia, utilización de métodos que provoquen sufrimiento innecesario y aquellas prácticas que comprometan la salud, integridad y bienestar.

Dijo que también propone regular los establecimientos en los que se alojan, crían, resguardan, comercializan o exhiben las especies.

Además, entre otras disposiciones, el documento incluye la supervisión veterinaria en puntos de venta y capacitación del personal en contacto con animales; la prohibición de la venta de animales enfermos, su entrega como premio o promoción y la manipulación de características físicas para facilitar su venta.

Respecto a los animales de compañía, el proyecto de dictamen incorpora deberes específicos de tenencia responsable; disposiciones que fortalecen las campañas permanentes de adopción y control reproductivo; así como mecanismos de registro y localización.

En materia educativa, la senadora expuso que el proyecto impulsa contenido relacionado con el respeto, protección y bienestar animal en los programas de estudio, con el propósito de construir una cultura de empatía y prevención desde las primeras etapas de protección.

Sobre los animales utilizados en investigación y enseñanza, agregó que se fortalecen los principios éticos y bioéticos; la supervisión especializada y el uso preferente de métodos alternativos, siempre que sean científica y técnicamente viables. 

Respecto a la matanza de animales destinados al consumo, la senadora explicó que esta actividad debe efectuarse con métodos que reduzcan al mínimo el dolor, el miedo, la angustia y el sufrimiento, bajo supervisión, trazabilidad y cumplimiento de las normas oficiales mexicanas.

Detalló que la iniciativa sobre la Ley Federal de Sanidad Animal reforma 20 artículos y deroga uno, fortalece las reglas sobre bienestar en producción, manejo, transporte, rastros, matanza, supervisión veterinaria, certificación e inspección.

Respecto a la Ley General de Vida Silvestre, comentó que reforma 14 artículos, adiciona disposiciones en dos, deroga una fracción y modifica la denominación de un capítulo; además de que armoniza el traslado, exhibición, entrenamiento, aprovechamiento y sanciones relacionadas con la fauna silvestre

La senadora de Morena, Susana Harp Iturribarría, celebró que para la elaboración de esta propuesta se hayan tomado en cuenta diversas iniciativas de legisladoras y legisladores; solicitó, además, que el tema también se ponga a consideración de las autoridades en materia de Medio Ambiente para escuchar su opinión, y coincidió en que esta propuesta debe estar acompañada de un presupuesto suficiente.

Gina Gerardina Campuzano González, senadora del PAN, reconoció que México “necesita indudablemente” una ley en materia de protección y cuidado animal; sin embargo, insistió en que ésta requiere suficientes recursos para su adecuada implementación, pues recordó que existen albergues que, por no contar con apoyos suficientes, terminan aplicando la eutanasia a los animales que resguardan.

Del PVEM, Juanita Guerra Mena subrayó que, de expedirse esta ley, se materializaría el mandato constitucional de 2024 en el que se estableció la prohibición del maltrato animal, además de que respondería a una exigencia ética y social de garantizar un trato digno a los animales en todo el país, pues México, advirtió, cuenta con disposiciones “aisladas y desiguales” sobre ese tema en las entidades federativas.